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(Tomado del Diario Panamá América del 28 de marzo de 2009)

Por: Nelson Antonio Lara, Presidente Ejecutivo, Asociación de Guardavidas de Panamá.

Resulta difícil aceptar y reconocer que después de diez años la Asociación de Guardavidas de Panamá empiece a confrontar una crisis existencial, mucho de esto fundamentado en el profundo descontento de aquellos, asociados o no, a quienes representamos por no ver avances en lo concerniente a la ley; otro tanto, basado en la mala publicidad que por años ciertas malintencionadas personas, con intereses muy particulares pertenecientes a las instituciones mal llamadas “partes interesadas” en el salvamento, han esparcido entre los guardavidas, quienes nunca, nunca han hecho nada para asegurar jurídicamente nuestra actividad y sí le han sacado provecho.

Ahora nos vemos precisados también a aceptar y reconocer que aunque poseamos la Ley N° 19 de 2007 que regula nuestra profesión, muchos de los nuestros tengan que recurrir a abandonar esto que tanto aman para tener que laborar en otras áreas de servicio, porque el salvamento acuático no les ofrece una mejor perspectiva socioeconómica, más que todo, y lo que es peor, porque la norma no ha sido reglamentada, y la Junta Técnica creada para velar por su estricto cumplimiento fue nombrada políticamente, está fungiendo de manera ilegítima por ilegal, por ende, no como se esperaba que fuera.

Hemos tenido que ver y oír con gran dolor a muy buenos guardavidas, con mucho potencial, embarcarse en otras labores porque no son bien valoradas las responsabilidades de esta labor, tanto que son subutilizados en otras tareas, se les paga salarios de hambre, la mayoría no tiene estabilidad laboral mucho menos prestaciones; no se les da uniforme que los identifique como parte de la empresa, no cuentan con el equipamiento para brindar una adecuada atención, aún cuando estas instalaciones, la mayor parte, poseen los recursos para poder suplirles de esto. Y si nos vamos a las que administra el gobierno, la situación es aún peor.

La fuga de los guardavidas, en su momento denunciada por el hoy candidato a alcalde del distrito capital por el PRD, Dr. Roberto Velásquez, está alcanzando su nota más alta; tal vez provocada y alimentada por él mismo, quien en algún pretendió que estos profesionales entrenados por SINAPROC siguieran brindando su servicio voluntariamente y no coadyuvó a que esta labor, tipificada por Ley como de alto riesgo; alcanzara su máximo desarrollo cuando trató de apoderarse de ella y luego adujo que la institución no poseía los recursos para nombrarlos a todos.

Cuando se inició el actual gobierno, esta organización, según Velásquez, fue de las primeras en ser atendidas por él para limar las asperezas dejadas por la pasada dirección y prometió todo el apoyo político que pudiera dar para lograr que nuestra propuesta fuera Ley de la Nación, admitiéndonos que sabía que los guardavidas no eran asuntos concernientes a la institución y que había heredado un peso que deseaba quitarse. Nunca supimos si fueron los 45 mil balboas que se destinaban para los operativos de playa o la oportunidad de aprovecharse del tema para aparecer en los medios, lo que cambió esa intención.

Lo cierto es que no entendemos por qué una ley que brinda seguridad a los bañistas por la colocación de profesionales del salvamento en los balnearios, extrañamente fuera objetada por el Presidente, esperara todo el 2006 sin ser revisada, fuera tratada de manipular políticamente en la Asamblea Nacional, su reglamentación paralizada en el Ministerio de Gobierno y Justicia, que los guardavidas no fuéramos incluidos en la Ley del SUME 9-1-1 y lograr que el SINAPROC presida nuestra Junta Técnica sin ser idóneos en la materia; fuera una meta de Velásquez, lo que ha provocado nuestro estancamiento y la partida de los nuestros. ¿Y ahora quiere ser alcalde?

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